Procurar Salud Mental en el encierro

Por: Verónica Rocha

El grupo parlamentario del PRI en el Congreso local de Durango en voz y presencia de la Diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos presentó hace unos días iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad para el Estado con la finalidad de establecer esquemas y lineamientos en materia de salud mental en los centros penitenciarios y así promover el bienestar psicológico de los internos.

Lo vemos de cerca y hasta publicado en la prensa la desatinada atención y a destiempo que se otorga a las personas que estamos en libertad imagine, aquellas que están pagando condena y encima viven con un trastorno mental.

¿Tienen a su alcance la atención de un psicólogo o psiquiatra para valorar su condición y darles tratamiento terapéutico según sea el caso? Si es así ¿Cuál es su periodicidad para su atención concreta y completa? ¿Son los tratos y abordajes en una dimensión de derechos humanos? ¿Están armonizados con los lineamientos nacionales e internacionales vigentes?

En 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el informe titulado Situación de las Personas con Discapacidad e Inimputables en Centros Penitenciarios de la República Mexicana que derivó en un Pronunciamiento por las violaciones a Derechos Humanos de las personas con discapacidad psicosocial privadas de la libertad.

En ella enfatiza que dicho informe no se opone a las acciones que realizan las autoridades penitenciarias relativas a la ejecución de las penas de prisión, sino a que estas acciones se efectúen en contravención del marco normativo nacional e internacional de los derechos humanos.

Además de la normativa mexicana citan las internacionales: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, los Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento a la atención a la salud mental de la OEA, por citar solo tres.

Urgente pues, el llamado que hacen los legisladores locales para llevar atención a la salud mental a aquellas y aquellos que están en las cárceles de nuestro país, sean que vivan o no una discapacidad psicosocial. PrimeroPersona