¿Cuántas más vendrán?

Por: Verónica Rocha

El 30 de abril de 2015, el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley General para Atención y Protección a las Personas con la Condición del Espectro Autista. Antes tuvo que someterse a un agudo escrutinio por los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar inconstitucional o no, a demanda del entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez a solicitud por escrito de un grupo de asociaciones y activistas en derechos humanos.

“La ley es extraordinariamente regresiva, porque fragmenta la política pública que tiene que darse en este sector de la población y crear leyes especiales por tipo de discapacidad es una inadecuada manera de atender a esta población y de garantizar sus derechos”, aseguraba Carlos Ríos Espinoza ex integrante del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Al final solo procedió la declaración de invalidez de las fracciones que solicitaban certificado médico para acceder al empleo, por ejemplo; el tema de la consulta quedó resuelto al demostrar que sí la había realizado.

La semana pasada la SCJN declaró inconstitucional la Ley para la Atención Integral de las personas con Síndrome Down que se elaboró en el congreso de la CDMX, por falta de consulta. Ante esto activistas y asociaciones en el tema celebraron el hecho, pero hasta ahora no han desestimado la idea de contar con una legislación dedicada a la comunidad con Trisomía 21 como sí lo hicieron con la de Autismo.

¿Será que la Convención es un instrumento madre pero falta focalizar acciones hacia las personas con Síndrome Down? ¿Será que ya se dieron cuenta de la conveniencia de contar una con ley para Down también? ¿Será que, a pesar de no parecerles muy conveniente, ahora sí se vendrán en cascada una ley para cada discapacidad?

Luego de 5 años, los expertos que participaron en la elaboración y diseño sobre de la ley de autismo aceptan que es una legislación que no debió ser, lo que se debió reforzar es la política pública para generar acciones de gobierno. ¿Arrepentimiento? No lo sé. Lo que deja clara la experiencia de aquella promulgación sobre la protección a personas con TEA es que se ha hecho poco muy poco –teniendo Convención y ahora ley- para que realmente ocupen los espacios en la vida diaria. PrimeroPersona